Las autoridades mexicanas encontraron un chip del tamaño de un grano de arroz que habría tenido en su cuerpo el ex presidente del Senado y ex aspirante presidencial mexicano Diego Fernández de Cevallos

El dispositivo fue encontrado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en una confluencia de carreteras ubicada en Querétaro, a unos 40 kilómetros del rancho La Cabaña, de donde desapareció Fernández de Cevallos.

 

"Para el retiro del dispositivo, sus captores presuntamente utilizaron unas tijeras que sustrajeron de su estuche personal, con el que arreglaba y recortaba su barba" el abogado y político. El hallazgo sucedió después de que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) lo rastreara el 15 de mayo pasado vía satélite con un avión Embraer con equipo especial, que supuestamente da un margen de error de un metro, agregó el rotativo.

 

Posteriormente, una empresa de rastreo del dispositivo, utilizando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), dio con el chip, provisto con un sistema de radiofrecuencia diseñado para la atención de emergencias médicas, además de la identificación y localización de quien lo lleva.

 

El dispositivo fue encontrado en un lugar del que salen carreteras a estados del norte de México como San Luis Potosí y Guanajuato. Al parecer, éste le fue implantado bajo la piel a Fernández de Cevallos en 2004, cuando dirigía la PGR Rafael Macedo de la Concha, durante el mandato presidencial de Vicente Fox. Entonces, Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional (PAN), presidía el Senado mexicano.

 

El coste del chip es de 46.860 pesos mexicanos (unos 3.630 dólares), y el pago anual para mantenerlo operativo, de 23.900 pesos (1.850 dólares), detalló Excelsior. Los datos periciales apuntan a que seis personas habrían intervenido en la captura de Fernández de Cevallos en su rancho, de los cuales cuatro sometieron al abogado mientras otro conducía un vehículo y uno más vigilaba la zona.

 

Señala también que huellas dactilares encontradas en la camioneta no están registradas en bases de datos mexicanas ni de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), a la que se pidió colaboración. Desde el 22 de mayo pasado, la Fiscalía mexicana ha suspendido oficialmente las pesquisas del caso, que trata como un caso de desaparición y no como secuestro, a petición de la familia del prominente político mexicano. La Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) mantiene abierto el expediente del caso, en el que sin embargo no se ha registrado ningún avance.