OJO POLÍTICO

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Por: Ramón Frías Frías

• Ni para disimular

.- Son muchas y variadas las formas de desviar recursos para las campañas políticas, pero el cinismo de los políticos no tiene madre. Tal cual es el caso del suspirante a la candidatura presidencial, Jaime Rodríguez, el ex bronco de Nuevo León, quien les mandó la friolera de cien millones de pesos a los del PT, dizque para que le ayuden a promover las firmas como “independiente”.

Con el gobernador resultaron también salpicados de jiña los secretarios neoleoneses de Gobierno, Manuel Florentino González y el de Finanzas, Carlos Alberto Garza, así como el de Educación, Arturo Estrada, quienes autorizaron la transferencia para la esposa del líder nacional petista Alberto Anaya.

En la investigación de la PGR se estableció la semana pasada, lavado de cien millones de pesos a través de un grupo delictivo, liderado por María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

Los resultados de las investigaciones, apuntan a que el ex bronco y funcionarios de su administración estatal, tuvieron conocimiento que el depósito de cien millones de pesos, se fue a una cuenta de Banorte a nombre de Rodríguez Martínez, aunque dijeron que serían para las dos cuentas de Centros de Desarrollo Infantil.

Concluye la PGR que simplemente con haber hecho el depósito de un particular, ya se le da la calidad de ilícito, en la configuración de lavado de dinero, mediante una red en la cual participaron además de la esposa del político María Guadalupe Rodríguez, María Mayra Paredes Díaz, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz García. Este último, dirigente del PT en Aguascalientes, quien el fin de semana pasado, fue vinculado a proceso penal.

Durante la audiencia y ante el juez Gerardo Moreno García, la defensa de Quiroz aportó diversas pruebas en su defensa, entre los testimonios de dos profesoras de diferentes Cendis de Monterrey; un coordinador de la asociación civil “Frente Popular Tierra y Libertad”, y la de un perito contable.

Fue este último quien leyó un documento en el que se afirma que los 100 millones de pesos para los Cendis fueron autorizados desde abril de 2016, pero se transfirieron hasta febrero, y explica que dichos recursos fueron autorizados por El Bronco y sus secretarios de Gobierno, Finanzas y Educación Pública.

El juzgador preguntó cómo era posible que funcionarios del gobierno de Nuevo León hubieran autorizado el depósito a una cuenta particular, cuando desde el 8 de diciembre de 2010 existe un Acuerdo en la Gaceta Oficial del estado, en el que se advierte que los Cendis pasaban a tutela de la SEP local.

Se explicó que los empleados de los Cendis, al usar recursos públicos, son considerados servidores públicos, incluida María Guadalupe Rodríguez Martínez, responsables de los Cendis, por lo que el depósito en su cuenta es considerado como un desvío de recursos.

La PGR explicó que se tienen identificadas dos cuentas bancarias de los Cendis, de la asociación civil “Frente Popular Tierra y Libertad”, una con un saldo de cero pesos y otra con 10 mil pesos, a ninguna de ellas llegó un solo peso de los 100 millones lavados.

Como acostumbran los cínicos dirigentes de los partidos políticos, echaron la culpa a sus contrincantes del PRI y se quejaron de una campaña de lodo y desprestigio contra el Partido del Trabajo, según afirma Alberto Anaya y se comprometió a presentar toda la documentación que ampara los cien millones de pesos.

Durante una videoconferencia de prensa, celebrada en Monterrey, aseguró que estos cien millones los envió la Secretaría de Hacienda al gobierno del estado y éste, a su vez, a los cendis que ese partido administra y se dijo dispuesto a dar a conocer todos los expedientes y las reglas de operación de ese dinero que, en principio, fue solicitado por la Secretaría de Educación del estado.

“Tenemos los documentos para comprobar la transferencia que la Secretaría de Hacienda hace al gobierno del estado, tenemos los documentos para demostrar la transferencia del gobierno del estado a los cendis y los ponemos a disposición de quien los quiera consultar”, dijo.

Explicó también que “dentro de las reglas de operación de esos recursos, se establece que, una vez recibido el dinero, éste se tiene que colocar en cuentas de inversión para que generen réditos que ayuden al mantenimiento de esos 73 cendis y de ahí se toman para la operación de los mismos”.

Señaló también que en los cendis, más la preparatoria que también administra su partido, el costo de operación es de entre cinco y seis millones de pesos anuales y que atienden a una población cercana a los 20 mil alumnos.

Señaló que desde 2010 el gobierno federal ordenó al gobierno estatal abrir cuentas bancarias para hacer llegar a éstas los recursos que se envían para la operación de esos cendis, “pero el gobierno estatal se ha negado a hacerlo, porque ello significaría reconocer los derechos laborales de cientos de trabajadores que actualmente no tienen ningún tipo de prestación, ni vacaciones ni aguinaldos ni nada”.

Así, señaló que “ante esta perspectiva, el gobierno del estado es corresponsable del actual manejo de los recursos, que además ellos auditan y que se maneja mediante un acuerdo administrativo que ellos no quieren modificar”.

Especificó que “ese mismo acuerdo faculta a la directora general de esos cendis, su esposa Guadalupe Rodríguez, a administrar recursos materiales, humanos y financieros de esos cendis, entonces no vemos de dónde salen las acusaciones de financiamiento al terrorismo”.

Finalmente señaló que “toda esta campaña solo responde a la molestia del gobierno federal de que el PT haga uso de su derecho de libre asociación y que vayamos en coalición con Morena y con Andrés Manuel López Obrador”.
Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT) es, para la Procuraduría General de la República (PGR), presunto responsable de lavar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.

Las primeras investigaciones dadas a conocer por la PGR, se originan al mes de agosto, cuando se presentó la denuncia de hechos, fue “en contra de la persona física María Guadalupe Martínez (esposa del líder del PT) y/o en contra de quienes resulten responsables, mencionando a la persona de nombre Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

De inicio fueron aseguradas cuatro cuentas bancarias, presuntamente ligadas a la red criminal del PT y los funcionarios y gobernador de Nuevo León, con la finalidad de que no se utilicen dichos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

Sin embargo la lana fue a dar a las cuentas de la esposa del líder nacional petista y popotes que la acompañan.

Nos leemos mañana.